En Inglaterra y Gales, la mayoría de los pisos se venden en régimen de leasehold (arrendamiento de larga duración): el comprador adquiere el derecho a ocupar la vivienda durante un plazo determinado, pero no es propietario del terreno. Como parte de ese acuerdo, el titular del leasehold puede tener que pagar una ground rent (renta del suelo) anual al titular del freehold (propiedad plena), que es quien posee el suelo. El importe y el posible mecanismo de revisión figuran en el contrato de arrendamiento original (lease).
Históricamente, algunos contratos incluían cláusulas de ground rent progresiva que permitían duplicar el importe a intervalos fijos, lo que generó problemas con las entidades que conceden hipotecas y dificultó la reventa. La legislación ha limitado ya la ground rent que puede cobrarse en los arrendamientos residenciales de nueva creación en Inglaterra y Gales, aunque los contratos más antiguos pueden conservar condiciones heredadas. La situación legal exacta depende de cada contrato y debe revisarla un solicitor (abogado) cualificado.
Como ejemplo práctico, un contrato firmado hace unos años podría fijar una ground rent de doscientas cincuenta libras esterlinas al año que se duplica cada diez años. Algunas entidades prestamistas se niegan a conceder hipotecas sobre contratos con este tipo de cláusulas. Por eso es fundamental revisar a fondo las condiciones del contrato durante los trámites legales de la compraventa (conveyancing), antes del intercambio de contratos.
Para el comprador internacional, las condiciones de ground rent (renta del suelo) incluidas en el contrato pueden afectar directamente a la posibilidad de obtener una hipoteca y al valor de reventa futuro. Por ello, la revisión legal independiente por parte de un solicitor (abogado) es un paso esencial antes de comprometerse con la compra de cualquier inmueble en régimen de leasehold (arrendamiento de larga duración).