SPV son las siglas de Special Purpose Vehicle (sociedad de propósito específico) y designan a una sociedad limitada (limited company) constituida con el único fin de ser titular de inmuebles en alquiler en el Reino Unido. Los ingresos por alquiler que percibe la sociedad tributan por el impuesto de sociedades (corporation tax) y no por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y las normas sobre gastos deducibles son distintas de las que se aplican a los propietarios (arrendadores) particulares. Como la situación fiscal depende en gran medida de las circunstancias personales, quien se plantee esta estructura debería recurrir al asesoramiento independiente de un contable o asesor fiscal cualificado.
La estructura SPV también cambia la forma de financiar la compra. Varias entidades prestamistas ofrecen hipotecas de compra para alquilar (buy-to-let) diseñadas específicamente para sociedades limitadas, aunque los tipos de interés, los límites de la relación préstamo-valor (LTV) y los criterios de admisión pueden diferir de los aplicables a prestatarios particulares, y la oferta de prestamistas suele ser más reducida. Como ejemplo práctico, un inversor que adquiera un piso en Mánchester a través de una SPV tendría tanto el título de propiedad como la hipoteca a nombre de la sociedad, separados de su patrimonio personal.
Gestionar una SPV conlleva obligaciones administrativas continuas: presentación de documentos ante Companies House, una cuenta bancaria empresarial exclusiva y cuentas anuales elaboradas por un contable. El Impuesto de Timbre (SDLT) y los trámites legales de la compraventa (conveyancing) se aplican igual que en cualquier otra compra de un inmueble, y según la residencia del comprador también puede aplicarse el recargo para no residentes. GOV.UK y un solicitor (abogado) cualificado son las fuentes de referencia para conocer las normas y los costes vigentes.
Para el comprador extranjero, mantener la propiedad a través de una SPV puede separar la inversión de su planificación patrimonial personal, pero las obligaciones, entre ellas el recargo del SDLT para no residentes, el impuesto de sociedades (corporation tax) y los requisitos de información, difieren de las de la titularidad personal, por lo que es imprescindible contar con asesoramiento legal y fiscal especializado antes de seguir adelante.